Estado de México. La crisis del agua en México se agrava día a día, y las comunidades han comenzado a organizarse para enfrentar este desafío. Alexis Fernando Guerrero Sánchez, estudiante de Sustentabilidad Ambiental en la Universidad Iberoamericana, destaca la importancia de las contralorías ciudadanas del agua. Estas son grupos formados por los ciudadanos que buscan diagnosticar problemas, proponer soluciones y exigir a los gobiernos que actúen en defensa de este recurso vital.
Las contralorías ciudadanas del agua permiten a las comunidades asumir un papel activo en la gestión del agua en sus territorios. A través de estas contralorías, las personas pueden identificar problemas como la contaminación y la escasez de agua, así como proponer planes que mejoren la situación. Aunque su reconocimiento formal aún es limitado, estas estructuras se apoyan en derechos que ya están garantizados por la Constitución, incluyendo el derecho de los pueblos indígenas al agua.
Actualmente, un grupo de trabajo conocido como el Grupo Promotor de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua busca formalizar una contraloría a nivel nacional que integre 19 contralorías en 15 estados. Este esfuerzo busca abordar temas urgentes, como el reconocimiento de los derechos al agua de los pueblos originarios, así como la gestión de problemas como fugas de agua y la contaminación en áreas críticas.
Sin embargo, la situación se complica con una reciente propuesta de reforma al artículo 115 constitucional presentada por la diputada María del Rocío Nale García. Esta iniciativa sugiere que los ayuntamientos tengan la facultad de revocar la titularidad de los comités comunitarios del agua. Aunque esta propuesta se originó en Tecámac, Estado de México, existe preocupación de que pueda extenderse a otros municipios del país, lo que podría debilitar la autonomía y la capacidad de gestión de estos comités.
El pasado 2 de octubre, integrantes del Comité Comunitario del Agua de Tecámac, junto con el diputado Adrián González Naveda del PT, expresaron su rechazo a esta propuesta en una rueda de prensa. Hicieron hincapié en la importancia de que las comunidades participen activamente en la gestión del agua, argumentando que son las más afectadas por la crisis hídrica y, por lo tanto, deben tener voz en las decisiones que les afectan.
Es fundamental que el Estado garantice el derecho humano al agua, como establece el artículo 4° de la Constitución. En 2012, se reformó este artículo para reconocer el agua y el saneamiento como un derecho humano, y se estableció un plazo de 360 días para que el Congreso emitiera una nueva Ley General de Aguas. Sin embargo, han pasado 12 años y esta promesa aún no se ha cumplido. La falta de una legislación adecuada para regular la gestión del agua y fomentar la participación ciudadana pone en riesgo la sustentabilidad y el bienestar de las comunidades.
Las contralorías ciudadanas del agua representan un paso importante hacia una gestión más justa y sostenible del agua. A través de estas iniciativas, los ciudadanos pueden exigir transparencia y rendición de cuentas a los gobiernos, además de contribuir a la protección de este recurso esencial. La lucha por el agua es un desafío que requiere la participación activa de todos, y es vital que las voces de las comunidades sean escuchadas en la toma de decisiones.