La reciente Reforma a la Guardia Nacional que integra a sus elementos para formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), genera dudas sobre la impunidad que pueden existir al buscar la militarización en México, en el contexto de los 10 años que han transcurrido desde la desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa, en Iguala Guerrero, donde hubo participación del ejército, sin que hasta el momento haya acceso a la verdad y la justicia.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró satisfecho tras la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, que tuvo lugar en la madrugada del 20 de septiembre. Con 363 votos a favor y 133 en contra, esta reforma ahora se enviará al Senado y, de ser aprobada, permitirá que la Guardia Nacional sea absorbida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La razón de la alegría del presidente radica en la creencia de que esta reforma asegura el futuro de la Guardia Nacional, creada en 2019 para enfrentar la creciente inseguridad en el país. López Obrador recordó que la institución, formada por más de 120,000 elementos, necesita protección ante posibles cambios en el futuro, evitando que su destino sea similar al de la Policía Federal, que se desmoronó con el tiempo.
La reforma no solo implica la integración de la Guardia Nacional a la Sedena, sino también la creación de un fuero militar. Esto significa que los miembros de la Guardia Nacional no podrán ser juzgados por tribunales civiles, sino sólo por otros militares. Esto plantea preocupaciones sobre la rendición de cuentas y la posibilidad de impunidad en casos de abusos.
Además, la reforma expande el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, permitiendo que el presidente disponga del ejército, la armada y la fuerza aérea para tareas que antes eran exclusivas de cuerpos civiles. La Sedena también podrá participar en obras públicas, aunque no esté relacionada con su disciplina militar, un cambio que formaliza acciones ya en curso durante este sexenio.
Finalmente, la reforma plantea que el ejército colabore en la investigación de delitos junto con el Ministerio Público, a pesar de que sus miembros no tienen la capacitación pericial necesaria. Este cambio busca abordar la alta impunidad que afecta al país, donde el 96% de los delitos quedan sin resolver.
La aprobación de esta reforma ha generado un intenso debate sobre su impacto en el estado de derecho y la seguridad en México. Mientras el gobierno celebra un avance en su estrategia de seguridad, muchos ciudadanos se preguntan si esta medida será efectiva para reducir la impunidad y mejorar la situación de seguridad en el país.
Diez años sin verdad y justicia para los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa: La Reforma a la Guardia Nacional y sus implicaciones en la justicia
Este jueves 26 de septiembre se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un caso que recuerda que la impunidad y las violaciones a los derechos humanos siguen siendo problemas graves en México. La relación entre la reforma a la Guardia Nacional y este caso es importante porque refleja varios problemas en el país. El caso de Ayotzinapa es un ejemplo de la impunidad que existe, y la reforma, que permite que los militares juzguen sus propios casos, podría empeorar la falta de rendición de cuentas, ya que los abusos cometidos por ellos serían juzgados solo por otros militares, dificultando así que las víctimas y sus familias obtengan justicia.
La desaparición de los 43 estudiantes involucró la participación de diversas fuerzas de seguridad, incluyendo la policía y el ejército. La reforma a la Guardia Nacional implica un aumento en la militarización de la seguridad pública, lo que podría llevar a que se repitan situaciones similares si se normaliza el uso de fuerzas armadas en labores de seguridad.
La falta de resultados en el caso Ayotzinapa ha generado desconfianza en las instituciones de seguridad y justicia. Al reforzar el control militar sobre la Guardia Nacional, esta reforma podría agravar esa desconfianza, ya que muchos ciudadanos temen que las fuerzas armadas no sean garantes de la seguridad, sino una fuente de violaciones a derechos humanos.
El gobierno actual defiende la reforma como parte de una estrategia más amplia para combatir la delincuencia. Sin embargo, la experiencia de Ayotzinapa resalta la necesidad de una seguridad basada en el respeto a los derechos humanos y en la formación adecuada de las fuerzas de seguridad, en lugar de una militarización que podría agravar la situación.
Finalmente, las familias de los 43 desaparecidos continúan luchando por justicia. La reforma a la Guardia Nacional podría ser vista como un obstáculo adicional para lograr esos objetivos, dado que la militarización de la seguridad no aborda las profundas raíces de la corrupción y la impunidad que han caracterizado muchos de estos casos.
La reforma a la Guardia Nacional está intrínsecamente relacionada con el caso de Ayotzinapa, reflejando preocupaciones sobre la impunidad y el respeto a los derechos humanos en el país.