La Reforma Judicial, recientemente aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, trae consigo cambios en el sistema de justicia mexicano. Uno de los puntos más relevantes es la creación de un nuevo proceso electoral en el que los ciudadanos elegirán a jueces y magistrados mediante votaciones populares, a partir de junio de 2025.
Estas elecciones serán similares a las de diputados y senadores, pero con algunas diferencias clave: las campañas tendrán una duración de 60 días y los candidatos no podrán recibir financiamiento público ni privado. En su lugar, tendrán acceso a tiempos en radio y televisión proporcionados por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Además, el Consejo de la Judicatura Federal será sustituido por nuevos órganos administrativos y disciplinarios, como el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, que supervisarán el desempeño de jueces y magistrados. También, el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia se reducirá de 11 a 9, y su periodo en el cargo será acortado de 15 a 12 años.
Otro cambio importante en la reforma al poder judicial es la creación de un mecanismo para proteger la identidad de los jueces que manejen casos relacionados con narcotráfico, terrorismo y crimen organizado, conocidos como “jueces sin rostro”. Esta medida busca garantizar su seguridad ante las amenazas que pudieran enfrentar en el desempeño de sus funciones.
Para que estos cambios comenzaran a ser una realidad, era necesario que la reforma fuera aprobada por la mayoría de los congresos estatales, lo que ya sucedió. Con esa ratificación completada, la promulgación en el Diario Oficial de la federación el día 15 de septiembre de 2024 antes del grito de independencia marcando la transición definitiva hacia el nuevo modelo judicial.
El INE, a prisas, deberá enfrentar el reto de organizar la primera elección de jueces y magistrados.La jornada electoral, que tendrá lugar el primer domingo de junio de 2025, plantea grandes desafíos debido a la falta de legislación secundaria que regule este proceso y a la necesidad de ajustar los circuitos judiciales a la geografía electoral. A pesar de estas dificultades, el exconsejero electoral Marco Baños subrayó que el INE tendrá que acelerar múltiples tareas de manera simultánea, incluyendo la planeación del proceso, la distribución del presupuesto y la capacitación del personal que participará en la jornada electoral.
Uno de los aspectos más complejos será la organización de las casillas y la distribución de los materiales electorales, que podrían costar una suma similar a la destinada en elecciones anteriores, más de 4 mil millones de pesos. A esto se añade la necesidad de educación cívica para informar a los ciudadanos sobre el papel que juegan los jueces en el sistema judicial y la importancia de su voto en este nuevo proceso electoral.
El INE también tendrá la tarea de emitir las constancias de mayoría a los candidatos ganadores, quienes asumirán sus cargos de manera alternada entre hombres y mujeres, según lo establecido en la reforma. Aunque este tipo de elección de jueces se ha llevado a cabo en otros países, la magnitud y complejidad del proceso mexicano lo hacen único.
Finalmente, las candidaturas seleccionadas no tendrán la posibilidad de recibir apoyo económico ni contratar tiempos en medios de comunicación; solo podrán utilizar los espacios asignados por el INE en radio y televisión para difundir sus propuestas. Con estos cambios. ¿Crees que se garantice la imparcialidad y transparencia del proceso de elección de jueces, ministros y magistrados en México